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Han transcurrido más de veinte años desde que en el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se pusiera en marcha el proyecto de construcción de una política de inmigración y asilo común. El principal objetivo era formular una política pública que fuera equilibrada y que permitiera la gestión de la inmigración legal, así como controlar los flujos migratorios irregulares a partes iguales. Además, todo ello estaría regido por el principio de solidaridad y la equidad en el reparto de la carga entre los Estados Miembros (EEMM).

Existe una dicotomía entre las medidas que reconocen la contribución positiva de los migrantes y de la gestión migración en el ámbito económico del país de origen, principalmente. Frente a otras medidas que representan una reacción a la migración y a los migrantes como un fenómeno dañino y amenazador para los países de destino, y con las nuevas tendencias migratorias la frontera vertical se expande, y los países de tránsito se van convirtiendo paulatinamente en país de estancia prolongada, como es el caso de México.

Las políticas migratorias de los países avanzados han seguido tendencias contradictorias desde la década de los noventa: los Estados han contratado activamente a los inmigrantes deseables mientras seguían disuadiendo y excluyendo a los no deseados. El caso del Estado japonés no sólo representa esta tendencia, sino que también muestra un caso profundamente paradójico en el sentido de que ha negado oficialmente la incorporación de “inmigrantes” de forma sistemática aunque ha construido múltiples canales de oferta laboral transnacional para sus necesidades urgentes. Sobre todo porque Japón ha mantenido las políticas divergentes en medio de la conocida crisis demográfica con el envejecimiento de la población.